Acompañado por el director general de Vivienda, Eneko Larrarte, ha escuchado las reivindicaciones de las plataformas y ha compartido las medidas de su departamento sobre fomento del alquiler social y atención ante los posibles desahucios
Pamplona-Iruña, 30 de septiembre de 2019
El vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha recibido este lunes por la mañana a distintos representantes de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de distintas localidades de la Comunidad Foral para escuchar y tomar nota de sus reivindicaciones, así como también para contrastar con ellos diferentes medidas que el Departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda del Ejecutivo ha anunciado para esta legislatura, tales como redoblar los esfuerzos en la oferta pública de alquiler social para dar respuesta al derecho subjetivo a la vivienda o fortalecer la oficina de mediación por impago de hipoteca y alquiler.
Al encuentro han asistido, además del vicepresidente y consejero, el director general Eneko Larrarte y el director del servicio de Vivienda, Javier Etayo, quienes han mantenido un encuentro de trabajo en el Palacio de Navarra con cinco representantes de las PAH de sendos barrios de la Comarca de Pamplona / Iruña y localidades de otras zonas de Navarra. La cita se ha enmarcado dentro de los encuentros que, a iniciativa propia, José Mª Aierdi está manteniendo con distintos colectivos y agentes representados en el Consejo Social de la Vivienda, especialmente aquellos grupos que tienen una conexión más directa con la realidad social en el ámbito del derecho a la vivienda.
El titular de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra ha compartido y debatido con las PAH distintas medidas que su departamento ha incluido entre sus principales líneas de actuación para esta legislatura, que el pasado martes 24 de septiembre llevó al Parlamento de Navarra. Entre ellas, la apuesta del departamento por ampliar la oferta de vivienda de alquiler social en promociones públicas, en torno a 500 nuevas viviendas de alquiler en construcción, y a través de fórmulas público-privadas, por medio de la movilización en el mercado de alquiler de pisos vacíos de particulares o personas jurídicas o a través de la rehabilitación de edificios de titularidad pública para promover en ellos pisos en régimen de arrendamiento.
Medidas de acompañamiento social
Asimismo, el programa del vicepresidente Aierdi contempla un importante capítulo de recursos de acompañamiento social en materia de vivienda con medidas como mejorar el acceso al programa DaVid de ayudas al alquiler a familias vulnerables, ampliar el fondo de viviendas destinadas a situaciones de emergencia social, intensificar la colaboración con colectivos y ONGD centrados en el derecho a la vivienda o fortalecer la oficina de mediación dirigida a personas que no puedan afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda habitual por causas no imputables directamente a la propia unidad familiar o que no pueda afrontar la renta de arrendamiento en vivienda protegida, un servicio de vivienda cuyo funcionamiento ha sido especialmente valorado por las PAH.
Por su parte, los representantes de las PAH le han hecho entrega al consejero de un documento en el que planean la urgente necesidad de promover vivienda para alquiler social, con la exigencia de que el incremento de la oferta de alquiler social se acerque al millar en esta legislatura, la adopción de medidas económicas encaminadas a favorecer el arrendamiento asequible de viviendas o reformas legales que permitan habilitar alternativas a situaciones de desahucio por ejecución hipotecaria o por finalización de contratos de alquiler, entre otras propuestas, alguna de ellas ya recogidas en el programa de gobierno y otras que el consejero Aierdi ha valorado para intentar hacerlas viables.
“Es verdad que la demanda de vivienda de alquiler asequible, aunque el número de procedimientos por impago del arrendamiento haya descendido en la Comunidad Foral, está todavía muy por encima de la oferta que los poderes públicos podemos llegar a movilizar, pero al menos las políticas del Gobierno de Navarra han imprimido un giro que ha resultado clave a partir de las leyes de Vivienda de diciembre de 2016 y de reconocimiento del derecho subjetivo de 2018: apostar por el alquiler como respuesta y anteponer el derecho a la vivienda y las necesidades de las personas y familias por encima de los intereses del negocio inmobiliario y de la concepción de la vivienda como inversión”, ha señalado el vicepresidente y consejero de Vivienda, José Mª Aierdi.
Número de desahucios en Navarra
Navarra es la comunidad autónoma con menor número de desahucios en el Estado, según los últimos datos de los informes sobre efectos de la crisis que periódicamente publica el Consejo General del Poder Judicial. Desde 2013 y hasta el primer trimestre de este año, la Comunidad Foral lleva registrados 2.432 expedientes de ejecuciones hipotecarias y procedimientos derivados de arrendamientos, aunque representan tan solo el 0,63% sobre el total de 386.156 que se han producido en el conjunto del Estado. Por contra, entre las tres comunidades que han contado más lanzamientos –el 22% en Cataluña, el 15% en Comunidad Valenciana y otro tanto en Andalucía- suman más de la mitad del total.
El peor año en la Comunidad Foral de Navarra fue 2015, cuando se produjeron 431 lanzamientos y durante el pasado año 2018 descendieron a 352. Ahora bien, mientras que hace cuatro años el 44% de los desahucios registrados en Navarra fueron fruto de ejecuciones hipotecarias, ese porcentaje ha disminuido hasta el 27% en 2018 y los desahucios de este tipo han descendido por debajo del centenar. En, en este sentido, el mercado de alquiler el que acumula y sufre el mayor número de desahucios: 255 el pasado año y 77 en el primer trimestre del presente ejercicio, sin computar los llamados desahucios invisibles, en los que la familia abandona la vivienda sin agotar todos los procedimientos legales a su alcance.
El Servicio de Mediación en materia de vivienda del Gobierno de Navarra atendió durante 2018 a un total de 106 nuevas familias y en 65 casos, el problema derivaba de impagos de alquiler. La Comunidad Foral ha sufrido 60 desahucios por cada mil habitantes y año durante los últimos seis años, menos de la mitad de los 131 que se registraron en el Estado.
“Disfrutamos de una posición privilegiada, pero tenemos que seguir mejorando para garantizar que la vivienda sea efectivamente un derecho esencial para todos nuestros vecinos y vecinas”, ha manifestado el vicepresidente Aierdi. “Confiamos en rebajar sustancialmente las cifras derivadas de lanzamientos por arrendamiento con el incremento del parque público de alquiler y la buena marcha de los programas del derecho subjetivo a la vivienda EmanZipa y DaVid, implementados este mismo año”, ha concluido.
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